Sincerisismos

Guia para cambiar empresa celular

A partir de  marzo entrará en  vigencia la portabilidad numérica en la Argentina, luego de más de una década de estar frenada por cuestiones técnicas y económicas. Personal fue la primera empresa en anunciar su adhesión a este plan. Entrá y conocé cómo será el trámite
De acuerdo al cronograma establecido por la Secretaría de Comunicaciones (Secom), el 5 de marzo se  realizará una prueba piloto en  55  localidades del  país y diez días después comenzará a estar activo.
Hasta el momento, sólo Personal anunció oficialmente la puesta en marcha del sistema, aunque desde Movistar, Claro y Nextel, también aseguraron su adhesión ya que no tendría sentido que una sola compañía adoptara la medida.

El régimen de portabilidad numérica, que ya se implementó con éxito en muchos otros países, fue aprobado en la Comisión Nacional de Comunicaciones en agosto de 2010, y recién comenzará a estar activo este año ya que las compañías solicitaron plazos para readecuar sus sistemas.
Los usuarios que deseen cambiar de prestador pero mantener su número de teléfono deberán realizar un trámite, cuyo plazo de  aprobación no  debería exceder los  10  días hábiles.

El mismo se  iniciará en  las  oficinas comerciales y puntos de  venta de  la compañía receptora, aquella hacia la cual el cliente pretende mudarse. Primero hay que presentar el documento de identidad (DNI) asociado a la línea telefónica, y en el caso de las líneas con factura, será necesario presentar la misma con detalle impreso del número que desea transferirse.

Una vez hecho esto, el usuario recibirá un  código (PIN) de validación del traspaso mediante un mensaje de texto. Este trámite puede provocar interrupciones en el servicio telefónico, que no deberían superar las tres horas, según lo establecido por la resolución de la Secom.

Otro dato importante es que, si bien se  retiene el número, no  en  todos los  casos podrá seguir utilizando el mismo equipo, ya que el celular deberá encontrarse desbloqueado y contar con un chip de acceso a la red de las otras empresas telefónicas.

Si no cuenta con este tipo de dispositivo, el usuario tendrá que solicitar el desbloq ueo a la empresa que desea abandonar. Otro aspecto destacado es que la Secom habilitó a las firmas a cobrar por el trámite de portabilidad numérica, aunque también podría ser gratis.

La norma estipula que la suma de  dinero que pueden pedir por la implementación del sistema es  igual a 100 pulsos telefónicos, que representan unos $ 4,69 más IVA.

El  proceso finaliza con la activación del  chip de  la nueva compañía y la desconexión de la línea en el antiguo prestador del servicio. El usuario no deberá realizar ninguna gestión ante su anterior proveedor, salvo que mantenga deudas.

El cambio de compañía bajo el sistema de portabilidad numérica podrá realizarse todas las veces que se  desee, aunque deberá respetarse un  mínimo de  60  días de permanencia. Este nuevo escenario alienta la competencia entre prestadores, porque facilita la libre migración de clientes.

A partir de la instauración de una alternativa similar, en  Chile el precio del  costo del  servicio se redujo un  20% luego de que unos 15.000 chilenos cambiaran de compañía de telefonía celular.

Educacion publica y privada

Pagina 12 -Escuela pública para todos

 Por Alberto Sileoni *

Hace unos días se difundió un informe que da cuenta de un aumento en la matrícula de los primeros años de la educación primaria en escuelas de gestión privada. Ese informe, elaborado exclusivamente sobre una muestra de hogares urbanos, exige una mirada más integral. Si analizamos todo el país –ámbito urbano y rural– tarea que hizo nuestro ministerio, podríamos observar que el número de alumnos en los primeros años de escuelas privadas se incrementó en cinco puntos porcentuales respecto a 2003.

La decisión de las familias de inscribir tempranamente a sus hijos en la educación privada tiene varias causas: amplios sectores de la sociedad argentina mejoraron su situación económica y eligen la escuela privada, que, en principio, les garantiza un servicio constante con escasas interrupciones. A pesar de que en 2010 y 2011 se cumplieron los calendarios escolares, es cierto que la escuela pública, sobre todo la secundaria, aún no revierte su imagen de institución atravesada por conflictos constantes.
Lo que no es cierto, y los datos lo demuestran, es que exista una migración de la escuela de gestión estatal a la privada. Más aún, los datos indican que la matriculación en la educación privada cae sensiblemente luego de los primeros grados, indicando un pasaje en sentido contrario: de la educación privada a la estatal.
Hay coincidencia de que en los últimos años, la escuela pública argentina mejoró significativamente en las condiciones materiales (libros, netbooks, infraestructura) y en los resultados de los aprendizajes. En el Operativo Nacional de Evaluación de secundaria el 73 por ciento de las escuelas eran de gestión estatal.
Es cierto también que en los últimos tres años la matrícula del nivel secundario estatal aumentó un 2,3 por ciento mientras que en el sector privado ese incremento fue de 0,2.
En síntesis: aun cuando no falte razón a aquellos que adjudican una mayor constancia de las clases en las escuelas de gestión privada, también es cierto que la escuela estatal muestra hoy condiciones significativamente mejores que las de años atrás y que volvió a ser una opción valiosa para una mayoría de la población.
A los imaginarios instalados, por razones o por conveniencias, hay que desterrarlos con políticas activas. A los esfuerzos hechos por la Nación y las provincias debe sumarse el compromiso de los docentes con la tarea de enseñar y la necesidad de que las familias se involucren más en la educación de sus hijos, asegurando que vayan a clases y exigiendo que esas clases sean dadas.
En esta nueva etapa de gobierno, en la que la Presidenta nos propone nuevos objetivos y desafíos, uno de ellos es profundizar la recuperación de la escuela gestionada por el Estado y seguir trabajando por consolidar su prestigio. Que la escuela pública vuelva a ser elegida, que haya clases todos los días y todas las horas del año.
Tal vez sea el momento de establecer mecanismos que generen una mayor presencia de los docentes en las aulas y una mayor presencia de las familias en la escuela, fortaleciendo la convicción de que para educar a un niño necesitamos del esfuerzo y compromiso de todos.
Como lo señala nuestra Presidenta, es hora de que la sociedad entera, funcionarios, empresarios, docentes y familias, asumamos el lugar privilegiado que tiene la escuela para el acceso de nuestros niños y jóvenes al conocimiento, que es el mismo camino del acceso a la justicia y a la igualdad.
* Ministro de Educación de la Nación.

Tres semanas de protesta por Famatina

Pagina 12-Sábado, 21 de enero de 2012
El reclamo se extiende a otras ciudades y ayer llegó al Obelisco. Pobladores de Famatina y Chilecito cortan el acceso al cerro donde una minera canadiense prevé explotar un yacimiento de oro en acuerdo con el gobierno de La Rioja.

Organizaciones sociales se concentraron en el Obelisco en apoyo a la lucha en La Rioja.

Image: DYN.

“Como funcionario público (...) es impensable que cuestione la legítima expresión y preocupación de la ciudadanía sobre cuestiones ambientales”, aseguró ayer el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi. De esa forma, desmintió los cuestionamientos que se le atribuyeron a través de la prensa y que estaban referidos a las protestas que se realizan en La Rioja contra un proyecto de explotación minera en el departamento de Famatina. La declaración de Mussi se dio a conocer en coincidencia con las protestas que ayer se extendieron a distintas provincias, hasta llegar incluso en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la derogación del convenio firmado por el gobierno de La Rioja con la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, para realizar una explotación minera, en busca de oro, en el cerro de Famatina, cuyos caminos de acceso están bloqueados por vecinos desde el 2 de enero, impidiendo el comienzo de los trabajos.

La protesta en La Rioja, que ayer completó la tercera semana, es realizada en forma conjunta por vecinos de Chilecito, donde viven 50.000 personas, y de Famatina, que tiene 7000 habitantes. Los manifestantes siguen acampando en el camino que lleva al cerro. “El corte sigue firme. Exigimos la derogación del convenio de Osisko con el gobierno provincial”, confirmó ayer María Pía Silva, integrante de la asamblea ciudadana de Chilecito. El convenio suscripto el año pasado entre Osisko y la empresa minera estatal Emse, establece que el Estado provincial se quedará con el 30 por ciento del valor del mineral que eventualmente se extraiga y que percibirá un 3 por ciento del total producido, en concepto de canon.

En relación con la protesta, se habían difundido declaraciones atribuidas a Mussi en las que el funcionario supuestamente afirmaba que “la minería no es un demonio” y que “la ciudadanía no debe decir que no a la minería”, en lo que parecía una crítica a las medidas que están desarrollando los vecinos de Chilecito y Famatina.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguró que nunca cuestionó las protestas. Afirmó que “es impensable que cuestione la legítima expresión y preocupación de la ciudadanía sobre cuestiones ambientales” como difundieron “medios del grupo Clarín”. Agregó que la minería, como las demás actividades productivas, “deben desenvolverse en el marco de regulaciones y planes de sustentabilidad que garanticen el cuidado del ambiente y la provisión de recursos para las generaciones futuras sin que esto signifique demonizarlas”.

Mussi sostuvo que “la concientización e información alrededor de la actividad minera deberá conducirnos a planes de gestión que aseguren no sólo la protección ambiental sino también el desarrollo de las regiones que cuentan con recursos de esta naturaleza”. Desde La Rioja, donde también se escucharon críticas al gobierno nacional y se pidió su intervención, María Pía Silva dijo en nombre de los vecinos que no quieren que les nos impongan “la megaminería porque esa actividad supone costos ambientales altísimos” para las poblaciones, a la vez que aseguraron que “no hay diálogo posible” con el gobierno provincial.